- Ministra de MIDEPLAN instó a la Asamblea Legislativa a aprobar proyecto para mejorar la calidad de los servicios públicos, ordenar la legislación actual y cumplir con mandatos constitucionales.
- Proyecto de ley es pieza clave para mejorar las finanzas del Estado, pues ahorraría ₡243.000 millones (0,7 % del PIB) al año.
La ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo, instó esta tarde a los y las diputadas de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa a aprobar el proyecto de ley de empleo público.
Este proyecto es un instrumento para ordenar la legislación existente en materia de empleo público y para mejorar el reclutamiento y la selección de personal, con el fin de dar servicios de excelencia a la ciudadanía. También es una herramienta para crear ahorros al Estado, al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global para las nuevas personas funcionarias, lo cual, a su vez, permitiría reducir las inequidades salariales existentes hoy en día.
Según destacó la ministra Pilar Garrido, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ha adquirido más relevancia a raíz de la emergencia de COVID-19, pues al representar una importante fuente de ahorros, también se convertiría en un bastión para encaminar las finanzas públicas del país.
“Costa Rica necesita con urgencia la nueva ley de empleo público para ayudar a la sostenibilidad fiscal. Este proyecto podría generar ahorros ₡243.000 millones (0,7 % del PIB) al año. El salario global es el instrumento para lograrlo y, al mismo tiempo, permitirá eliminar paulatinamente las inequidades salariales existentes hoy en día y cumplir con el mandato constitucional que establece la existencia de un solo régimen de empleo público”, expresó la ministra de Planificación María del Pilar Garrido Gonzalo.
La ministra Garrido explicó que el proyecto de ley implica un cambio de paradigma para pasar de un enfoque de empleo público donde quien define salarios, reglas de contratación y otros es la institución, a otro donde lo relevante será la prestación del servicio que se ofrece, para mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Adicionalmente, Garrido detalló que el proyecto se ajusta técnicamente a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las recomendaciones de la Procuraduría General de la República (2015) y del Informe Económico de la OCDE (2020).
Las propuestas
El proyecto de ley de empleo público propone crear un solo régimen de empleo y ocho familias salariales. Una columna salarial será la base para establecer los salarios globales en las diferentes familias y se aplicaría a todos los empleados nuevos que ingresen al sector público una vez aprobada la ley. Para definir la política salarial de cada año, se considerarían los fondos públicos disponibles y mantener las remuneraciones competitivas con respecto al sector privado.
La propuesta de ley también propone profesionalizar el reclutamiento y la selección de personal, para que se realicen pruebas especializadas y se sopese la idoneidad y los méritos de cada persona antes de ser elegida y se elijan a las mejores. Esto se complementaría con guías para transparentar y democratizar el reclutamiento de personal y daría como resultado contar con personas funcionarias de excelencia que den servicios públicos de alta calidad.
También el proyecto de ley propone incentivos no salariales a las personas con mejor desempeño.
La propuesta se enmarca en el más estricto respeto a los derechos adquiridos por las personas funcionarias públicas que actualmente laboran en el sector público, así como a los derechos fundamentales.