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Próxima semana se publicarán decretos con los primeros ajustes para mejorar los tiempos de gestión y reducir los costos institucionales para la elaborar los estudios de preinversión.
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Informe de la Contraloría sobre la Gobernanza de Inversión Pública abre oportunidad de acelerar modificaciones de manera integral.
Con la convicción de que la inversión en obra pública es detonante de la reactivación económica y de que el endeudamiento para gasto de capital dinamiza la economía, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), como rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, está pronto a publicar dos decretos para hacer el proceso de inversión más ágil y menos costoso.
El principal cambio será que los proyectos que requieran financiamiento podrán gestionarlo desde el momento en que cuenten con los estudios de prefactibilidad. Actualmente, se pide que los proyectos cuenten incluso con estudios de factibilidad concluidos, pero este paso ahora será un requisito solamente cuando el financiamiento es para ejecución inmediata de la obra pública. Quienes no lo tengan, podrán financiarlos para concluir la preinversión y la ejecución de los proyectos de inversión pública.
“La legislación exige a las instituciones presentar incluso los estudios de factibilidad y el diseño, incluidos planos, factibilidad ambiental entre muchos otros estudios. Había algunas inconsistencias legales, que hemos querido subsanar desde el origen”, explicó María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de MIDEPLAN.
Exigir estudios tan avanzados implicaba una inversión elevada para las entidades, que en muchas ocasiones no era posible materializar. Por eso, ahora el requisito a las instituciones, para gestionar un financiamiento de obra pública, es contar con la prefactibilidad del proyecto de inversión. El empréstito entonces puede incluir completar la fase de preinversión hasta obtener la factibilidad y posteriormente ejecutar los proyectos.
“Este cambio va a reducir los tiempos de gestión y los costos institucionales, pues al presentar menos requisitos el proceso será más expedito. Las instituciones podrán acceder a negociaciones de financiamiento desde etapas de planificación más tempranas y negociar los endeudamientos de forma escalonada. Esto va a agilizar la inversión pública y será beneficioso para el país, en tanto la negociación se haga en condiciones favorables y sin que esto signifique una afectación a las finanzas públicas por el pago de intereses y comisiones”, explicó la jerarca.
Ajustes futuros atenderán las orientaciones de la Contraloría
La línea de trabajo para fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública se complementa con lo indicado por la Contraloría en el Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la Gobernanza del Proceso de Inversión Pública.
La Contraloría señala en su informe la necesidad de actualizar los tres decretos sobre inversión existentes e integrarlos en un solo instrumento jurídico que elimine las contradicciones y que tenga suficiente claridad para que las instituciones atiendan con sencillez los pasos para la inversión. También solicita la elaboración de una ley de inversión pública que involucre a más actores y abarque todo el ciclo de vida de los proyectos de inversión. Finalmente, recomienda crear un programa de capacitación permanente.
“Fuimos parte de ese informe y hemos estado trabajando en mejorar y fortalecer nuestra inversión pública; por lo que recibimos las recomendaciones con mucho optimismo, pues sabemos que abre las puertas a mejorar las rutas de trabajo y a fortalecer nuestro Sistema Nacional de Inversión Pública. Desde ya realizamos esfuerzos para materializar esas recomendaciones en procesos de inversión más ágiles y capaces de atender las necesidades ciudadanas. El 2020 será un año de mucho trabajo y muchos resultados en este sentido”, concluyó la ministra.